La cuestión de la propiedad siempre ha sido espinosa. Hay detalles en los que es fácil ponerse de acuerdo. La ropa que uso, la comida que me como, los muebles de la casa en la que vivo… En estos ejemplos no hay ningún problema: son propiedad personal. Los puedes alterar como quieras, incluso dañarlos, y no afectará a nadie más. Los bienes de uso personal, los bienes de consumo, pueden ser propiedad personal sin que nadie se oponga.
Cuando pasamos a algo como una empresa, propiedad privada, la cosa cambia. Las decisiones que se tomen sobre esa empresa afectan enormemente a los trabajadores de esta, y en menor medida, a mucha otra gente. Por eso la izquierda tiene una enorme tradición en torno a la colectivización de los medios de producción. Lo mismo sucede con el uso de la tierra: qué se decida hacer con una parcela afecta enormemente a los trabajadores de esta e indirectamente puede afectar a muchas más personas si por ejemplo se deja de cultivar y hay escasez de alimentos. También podría pasar lo contrario: los dueños de la tierra podrían decidir sólo cultivar y que no hubiera viviendas disponibles. Como parte de la colectivización de la tierra hay que entender también la colectivización de las infraestructuras: no sólo de los puentes y las carreteras, sino también de las viviendas. De esta forma vemos que los derechos que sí queremos por ejemplo sobre nuestra ropa serían claramente negativos sobre hectáreas de terreno o sobre la vivienda en la que vives. No queremos que alguien pueda quedarse casas vacías habiendo gente sin vivienda sólo porque son su propiedad privada. Tradicionalmente la izquierda ha permitido la definición de la vivienda en la que habitas como propiedad personal, pero en este texto se argumentará que es más útil mantener la propiedad colectiva de las viviendas y alquilarlas de forma que se puedan bajar los impuestos y se impida que estén vacías porque quien podría usarla vive en otra parte (nadie va a pagar un alquiler si no usa la vivienda) y no se permitirá alquilar varias viviendas a una persona.
Obviamente antes de las primeras civilizaciones nuestro actual concepto de propiedad no tenía sentido. No había un Estado que pudiera garantizar tus derechos como propietario, ni había quien te vendiera la tierra porque no era de nadie. Entonces la propiedad seguía una lógica más primitiva: un territorio era tuyo porque tú estabas allí, un cultivo era tuyo porque tú lo trabajabas, una casa era tuya porque tú la habitabas. Cualquier intento de robo debía ser repelido con violencia pues con estas normas claramente alguien que te echara de esas tierras se quedaría con la vivienda, la tierra y en general el territorio. Claramente la propiedad sólo porque tú has llegado antes a un sitio o porque tú ahora mismo estás ahí tampoco nos puede parecer justa. Si nuestra máxima para la toma de decisiones va a ser que tenga más capacidad de decisión a quien más afecten las mismas, sin duda con la tierra todos debemos poder participar un poco de la decisión de para qué se usa y deberán tener derechos adicionales y mayor voz los que la habiten o la trabajen.
A partir de esta propiedad primitiva es fácil entender la utilidad de los Estados. Estos utilizarán la violencia para mantener la propiedad y se reservan además las tierras sin dueño para su uso o venta. Así ya toda la tierra se tiene que vender y comprar y es el Estado el que garantiza que puedas ejercer tus derechos como propietario. La venta por parte del Estado de la tierra o las infraestructuras, incluso por los medios más democráticos, dificulta enormemente la elección de las siguientes generaciones para controlar sus medios de vida. Cualquier representante (democrático o no) ejerce el poder por un tiempo limitado y por lo tanto no debería poder dar la propiedad de nada para siempre, sólo decidir el uso temporal mientras sea su responsabilidad. ¿Cómo puede esta persona elegir que algo que es de todos deje de serlo para siempre en lugar de limitarlo a su mandato? La respuesta es más práctica que justa. Conforme nos vamos asentando de forma sedentaria necesitamos formas ágiles de producir y distribuir: la propiedad privada de la tierra, de las viviendas y de los medios de producción era una forma sencilla de conseguirlo. Esto no significa que haya justicia en lo que se decidió, aunque seguro que repartirlo todo entre los que estaban en ese momento allí (o entre los más poderosos) pareciera razonable.Podemos hacerlo mejor: construir y alquilar las viviendas desde los municipios, transformar los medios de producción para que los controlen democráticamente los trabajadores, alquilar la tierra y repartir la inversión según demanda y decisiones democráticas.
Vivienda
Al ser una infraestructura situada en un terreno, para nosotros no puede ser propiedad privada. Esto no quiere decir que cualquiera pueda entrar en la casa en la que vives; los derechos son parecidos a los que se tiene actualmente con el alquiler. Sin embargo, hay una diferencia esencial: nadie puede echarte de ahí mientras pagues. No hay un dueño que pueda reclamar la casa y el municipio tampoco tendrá derecho a hacerlo.
¿Hay espacio suficiente para una buena diversidad de estilos de vida en este modelo? Aunque dependerá de las decisiones democráticas de esta sociedad, en este texto se defiende que cada trabajador pagará más o menos el 20% del salario medio en vivienda. Asumiendo un salario medio de 120 tempos al mes esto significa que una vivienda unipersonal de una o dos habitaciones tiene un alquiler de unos 24 tempos: dependiendo de la cercanía al centro, el tamaño, si está reformada o no puede ser un poco más o un poco menos. El precio final lo decide el municipio. Una casa para una familia, con tres o cuatro habitaciones, tendrá un coste del 20% de dos sueldos medios más o menos. Si esta familia quiere algo más grande podrá optar por algún chalet, pero deberá pagar más por ello, el 30% de dos sueldos medios, por ejemplo. Por supuesto, no es obligatorio ser una familia para tener una casa de tres o cuatro habitaciones, si está dispuesta a pagar el 40% de su sueldo una persona podría alquilar este tipo de vivienda.
¿Cómo podría funcionar una inmobiliaria de alquiler público? Cada buscador de vivienda (o grupo de buscadores de vivienda si quieren vivir juntos) debe hacer una lista con las preferencias para su vivienda deseada: barrio en el que prefieren vivir, tamaño de la casa, número de habitaciones, recientemente reformada, con terraza, con jardín… Esta lista debe estar ordenada pues las primeras preferencias tendrán más valor que las siguientes. Desde la política se decide qué preferencias se pueden poner y cuáles no y la Comisión de Vivienda (CdV) se encarga de recoger la lista ordenada de preferencias y de catalogar las viviendas para comprobar qué preferencias cumplen y cuáles no. Desde la inmobiliaria te enseñarían las casas que mejor casan con la lista de preferencias primero hasta que te decidas por alquilar alguna.
Lo mejor de este sistema es que el municipio tendrá listas de preferencias con las que hacer estadística y dirigir los esfuerzos de construcción y reforma de viviendas. Sabrán en qué porcentaje importa la terraza, en cuál el jardín y en cual principalmente importa que esté reformada.
Es posible intercambiar viviendas si todas las personas que las habitan están de acuerdo con el cambio. Aquí hace falta consenso, no nos vale con la mayoría pues consideramos mucho peor sacar a alguien de una casa en la que quiere estar que evitar que otras personas consigan la casa que prefieren.
Además, debe haber siempre disponibles apartamentos individuales (tipo hotel o residencia de estudiantes) para una persona que quiera dejar de convivir con otra. Esta persona no debería tener que esperar para mudarse, por lo que debe haber habitaciones disponibles. Si esta persona no quiere ir a estos apartamentos individuales siempre puede quedarse con amigos.
¿Se puede disponer de dos viviendas? La sociedad del futuro tendrá que poner las normas que considere adecuadas, pero lo más lógico sería diferenciar los derechos sobre la primera vivienda (nadie puede sacarte de ahí mientras pagues), de la segunda (si faltan viviendas podrían pedirte que te fueras en unos meses y sólo permitir alquiler de primera vivienda). Así, si alguien lo desea, puede alquilar una segunda vivienda donde no haya problema para conseguir una, pero si el municipio decide que empiezan a faltar o que las necesita para otra cosa estas personas que ya tienen otra vivienda no tendrán prioridad. De esta forma nadie podría tener una casa en Madrid y otra en Barcelona, pero no habría problema para mantener la casa del pueblo.
Tierras e infraestructuras para las cooperativas
Igual que en el caso anterior, el municipio pondrá un alquiler sobre las tierras, los locales y las fábricas dentro de su territorio. En el ejemplo de este texto ese alquiler es aproximadamente el 20% de un sueldo medio por cada trabajador de la cooperativa, aunque puede subir o bajar dependiendo de la situación, el tamaño o el estado del local o la tierra.
En esta sociedad (y en la actual) puede suceder que a una cooperativa le vaya muy bien y quiera expandirse, pero el local de al lado esté ocupado. Vamos a permitir que las cooperativas negocien un pago a cambio de que les cedan el alquiler del local contiguo, y ese pago seguro incluirá la mudanza de la cooperativa contigua a otra parte y una compensación. Pero la decisión final será de la cooperativa contigua y, si no quiere irse, sus derechos priman, pues igual que en el alquiler de vivienda no queremos que nadie pueda echarte de tu casa, en tu trabajo no queremos que nadie pueda echarte de tu local.
Conclusiones
La municipalización de las tierras y las infraestructuras nos lleva a varios efectos interesantes. Podemos mantener unos grandes servicios públicos con un solo impuesto del 10% sobre el trabajo debido a que la mayor parte de los ingresos públicos vienen del alquiler de viviendas, tierras y locales. Además, mantendremos el control sobre los recursos que no estén utilizados: no dejaremos abandonado nada que queramos aprovechar. Finalmente, este modelo de propiedad municipal nos permite eliminar la deuda. No es imprescindible para construir una utopía, pero los préstamos no son necesarios en esta sociedad pues los gastos más grandes (la vivienda y la inversión en un negocio) están colectivizados y regulados. Para gastos medios como la compra de un vehículo, se podría optar por un alquiler con opción a compra tras unos años. Esto no sería una deuda, pues en un alquiler siempre puedes devolver el vehículo y dejar de pagar. Aquí vemos que no sólo podemos acabar con el interés compuesto en la deuda gracias a la estabilidad del valor del tempo, si la sociedad lo desea, podemos acabar con la deuda en su totalidad.
Cómo alcanzar la utopía en siete medidas 